La nueva asignatura

El debate

¿Educación o adoctrinamiento? Organizaciones de padres, profesores, colegios y alumnos son protagonistas del debate educativo que se ha formado entorno a la nueva asignatura introducido por la LOE. Aquellos que se han posicionado en contra se han aferrado a la objeción de conciencia. No obstante, ante esta iniciativa el Gobierno ha dejado claro que la asignatura es obligatoria y, por lo tanto, "todas las comunidades autónomas y los centros educativos tienen el deber de impartirla".


Pero, ¿por qué hay detractores de la asignatura? Según el colectivo que se posiciona en contra, hay varios motivos: la supuesta vertiente moral de la material, la reducción de la carga lectiva de otras materias, su planteamiento como alternativa a Religión, etc. La separación de posturas es clara: para unos, la materia es "formativa" y "de ámbito público"; para otros, es un "desatino", "pantomima" y "elemento adoctrinador".


Las voces a favor

Numerosas organizaciones y asociaciones apoyan la decisión del Gobierno de introducir Educación para la Ciudadanía en el currículo escolar. Muchas de estas se han reunido diversas ocasiones con el Ministerio de Educación y Ciencia para tratar los contenidos de la nueva asignatura. Amnistía Internacional, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Asociación Universitaria de Profesores de Didáctica de Ciencias Sociales, Cáritas, la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, Intermón-Oxfam, la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, la Fundación Luis Vives, etc., son algunas de ellas.


La Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA), a pesar que en un primer momento no estuvo conforme con la asignatura, ha reconsiderado su postura y cree que "es una buena área para mejorar la convivencia en los centros". Para Lola Abelló, presidenta de CEAPA, los que dicen que la asignatura tiene una línea adoctrinadora se equivocan porque "tan sólo se limita a describir la realidad, y si vivimos en una sociedad donde dos personas del mismo sexo se pueden casar, hay que hablar de ello, pero eso no es dar una educación moral", apunta. Por otra parte, no ve pertinente que se plantee como alternativa a Religión porque, mientras que una pertenece al ámbito público, otra es del espacio privado de cada uno.


Organizaciones de gays y lesbianas y sindicatos como UGT también son partidarios de la nueva asignatura y, desde el principio, han felicitado al Ministerio de Educación por el contenido de esta asignatura y le han instado a mantener con firmeza su aplicación. La Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT cree que la nueva materia es "un gran paso" en cuanto a educación en valores ya que "por primera vez, se incluye en el currículo como materia específica y no transversal". Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT), que también se ha reunido varias veces con Educación, está satisfecha por la incorporación de la diversidad familiar y sexual en la asignatura. Para la presidenta de la FELGT, Beatriz Gimeno, "la educación en valores democráticos, defensa de la diversidad y derechos humanos es algo a lo que una sociedad progresista no puede renunciar".


La Coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas Populares, mediante un comunicado, se ha posicionado a favor de la nueva asignatura y de los valores contenidos en ella ya que los consideran "válidos para todos y no contrarios a la fe cristiana". Así, la Coordinadora se ha desmarcado del rechazo que la Conferencia Episcopal Española ha profesado por Educación para la Ciudadanía.


En un punto medio se encuentra la Federación Española de Religiosos de Enseñanza y Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA). Por un lado, se opuso a la nueva asignatura en las votaciones del Consejo Escolar del Estado. Por otro lado, dado que la asignatura es obligatoria, se impartirá en sus centros adaptándola a su ideario propio. Esto ha supuesto que la organización no apoyara la objeción de conciencia. Manuel de Castro, secretario general de la Federación, considera que "la objeción de conciencia en los centros católicos carece de sentido". Además, de Castro ve en ella un peligro ya que "se podría extender a otras asignaturas, incluso a la misma clase de religión o a la oración que todas las mañanas hacemos en nuestros colegios".


Las voces en contra

Colectivos de alumnos, padres de alumnos y profesores, junto con un sector de la Iglesia, forman la mayoría de las voces que están en contra de la nueva materia. Dicen que es "engañosa", "totalitaria", "empobrecedora", y que "en vez de enseñar, domestica". A raíz de esta oposición y la negativa de querer estudiar la nueva asignatura, estos colectivos han optado por la objeción de conciencia. Repasamos las voces en contra:

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), la Unión Sindical Obrera (USO) y Profesionales por la Ética han presentado un plan de actuación contra esta asignatura, la cual consideran que "viola la libertad de enseñanza, pretende un adoctrinamiento ideológico de los escolares y vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones". Este plan contempla llevar a cabo diversas acciones tales como proponer a los padres que se unan a la objeción de conciencia y a los profesores que se adhieran al derecho de libertad de cátedra para no impartir la asignatura. Estos colectivos discrepan con los contenidos de la asignatura y con su carácter de materia obligatoria. Por ello, plantean como solución que Educación para la ciudadanía sea una asignatura alternativa voluntaria a Religión.


Otra de las organizaciones que se ha abanderado contraria a la asignatura es el Foro Español de la Familia. Su presidente, Beningo Blanco, considera que esta asignatura ha generado tal polémica por sus contenidos ya que "en Europa se enseña sobre instituciones democráticas, derecho constitucional, derechos humanos y participación social. La singularidad de España es el contenido moral e ideológico que tiene". Por ello, Blanco remitió el pasado mes de julio una carta al presidente del Parlamento Europeo para informarle del "ataque a la libertad de enseñanza y a la libertad ideológica de las familias españolas que supone el contenido de la asignatura tal y como se ha definido en España y de la falta de diálogo del Gobierno Español con las familias en esta materia".


La Asociación de Profesores de Secundaria (APS) también se ha unido a las voces contrarias con la asignatura. Blanca García, presidenta de APS, cree que "la función de los profesores no es lavar el cerebro a los alumnos. Una cosa es hablar de la realidad y otra inculcar una opinión". Asimismo, García está en contra de que se reduzcan horas lectivas a otras asignaturas y, a diferencia de otros colectivos contrarios a la asignatura, ve inviable que se pueda plantear como alternativa a Religión ya que "son dos materias distintas". La APS apuesta por una "asignatura aconfesional de la cultura de las religiones".


El sindicato ANPE ha adoptado también una postura crítica con la nueva materia ya que la considera innecesaria. No obstante, ANPE no es partidaria de que los alumnos menores de edad puedan ejercer la objeción de conciencia ante ninguna asignatura del currículo escolar.


La Unión Democrática de Estudiantes (UDE) si bien en su día se opuso a la nueva asignatura, ante su actual obligatoriedad pide que Educación para la Ciudadanía "se limite a la enseñanza de los principios constitucionales". Álvaro Vermoet, presidente de UDE, cree que esta asignatura no es necesaria ya que "la prioridad es que los alumnos aprendan inglés y matemáticas, filosofía y economía, que tan sólo se dan en el Bachillerato".


Por su parte, algunos sectores de la Iglesia católica se han posicionado en todo momento en contra de la asignatura. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho ya diversas declaraciones públicas en las que exponen los, a su juicio, puntos críticos de la nueva asignatura. Según declaraciones del cardenal arzobispo de Toledo y vicepresidente de la CEE, Antonio Cañizares, "los centros católicos que enseñen Ciudadanía colaborarán con el mal". Cañizares está a favor de que se aborden temas como la Constitución, el papel de las instituciones, etc., pero no lo está con las enseñanzas "morales laicas" ya que "deberían ser incluidas en una materia opcional alternativa a la formación religiosa". No obstante, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, anunció el pasado mes de junio que Educación para la Ciudadanía podrá adaptarse al ideario de los centros católicos o al propio que tenga cada colegio, opción a la que se ha acogido la FERE-CECA.


El plan de actuación de las asociaciones que se posicionan en contra de la asignatura propone a los padres que se unan a la objeción de conciencia y a los profesores que se adhieran al derecho de libertad de cátedra para no impartir la asignatura.


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