Desde hace veinte años está vigente la actual Ley de Costas, impuesta para poner fin a los abusos que no atajaron leyes anteriores, en especial la Ley de 26 de abril de 1969, a la que sustituyó. Su mayor objetivo es lograr la “determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y, especialmente, de la ribera del mar”.

No obstante, la Ley de 22 de julio de 1988 también ha levantado quejas, sobre todo en relación a los deslindes, los trazados que el Ministerio aprueba para separar el dominio privado del público, en el que se incluye todo lo evaluado como playa o duna.

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC) representa los intereses de los afectados por la Ley de Costas. Éstos denuncian la expropiación que sufren cuando, en el momento en que se delimita y se marca una línea que separa el suelo privado del que se considera de dominio público, pierden sus propiedades adquiridas de forma legítima y transformadas por la Ley en dominio público marítimo-terrestre.

Según José Ortega, abogado y portavoz de la PNALC, entre un 15% y un 20% de los perjudicados no son españoles. Esta situación provoca que los ciudadanos foráneos no se fíen de la seguridad jurídica española y dejen de invertir en el mercado residencial.