Tras el boom inmobiliario, la demanda de vivienda protegida se sitúa en unos niveles que superan, en exceso, la oferta accesible a través de sorteos multitudinarios. Al regirse por el azar, no se tienen en cuenta las circunstancias personales que pueden determinar las futuras posibilidades económicas y sociales de cada solicitante. Por este motivo, numerosos expertos han señalado que, a pesar de tratarse de una medida social, en el fondo constituye un sistema injusto en el que un derecho constitucional es concedido por sorteo. Por esta razón, algunas localidades ya se encuentran en fase de buscar soluciones alternativas para adjudicar las viviendas de protección oficial.

La escasez de suelo edificable es uno de los mayores problemas de ciudades como Barcelona y Bilbao donde las políticas relacionadas con la vivienda deben dirigirse a edificar en alquiler o aprovechar las remodelaciones de los barrios. De todas formas, incluso en las localidades con mayor suelo disponible, las solicitudes exceden ampliamente las previsiones de construcción de Viviendas de Protección Pública (VPP). Por otro lado, no todo el mundo que requiere una VVP puede acceder al proceso de adjudicación. La dificultad para acceder a la información, así como para cumplir los requisitos establecidos por los ayuntamientos, constituye algunos de los motivos por los cuales, actualmente, los registros no recogen los nombres de todos aquellos que podrían necesitar una vivienda de estas características.